REBELIÓN PERPETUA. Por: Katherine Flórez Pinilla. (@Caterinafiori3)

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En Colombia la insurgencia, bajo la modalidad rebelión armada, se ha convertido lastimosamente en un método aceptado para acceder a la política. Desde mediados de siglo XX, este proceder ilegal ha desplegado un carácter cíclico, incentivado por la respuesta estatal. Entre la laxitud de las instituciones jurídico-penales y la complacencia de los gobiernos se ha abonado el terreno para el tránsito de la insurgencia a la competencia electoral.

Por la vía jurídico-penal, son variados los autores que han destacado la debilidad de las penas para los delitos asociados a la rebelión violenta frente a la expansión y regularidad del fenómeno (Robinson, 2012). Por ejemplo, el Código Penal de 1936 establecía una pena de entre 6 meses a 4 años para castigar el delito de rebelión, el Código de 1980, una pena de 3 a 6 años y en el actual establece una de 6 a 9 años. El aumento, aunque progresivo, no es proporcional al daño que ha causado la insurgencia, igualándolo a delitos comunes como hurto sin violencia o contrabando de mercancías. Todo esto sin contar el concierto de los delitos que se derivan de la escalada insurgente (terrorismo, secuestros, migración forzada, homicidios) considerados de lesa humanidad pero que pueden quedar reducidos a penas de 8 años con regímenes especiales negociados, paradójicamente una pena menor a la actual contra el delito de rebelión.

La relatividad penal se contrasta con los procesos políticos-gubernamentales que para incentivar acuerdos de paz, por medio de mandatos de ley suspenden el Código penal para declarar mandatos de amnistías, indultos y cesación de procesos penales. Cada gobierno ha propuesto una negociación a la medida de los grupos insurgentes. Desde mediados siglo XX esta práctica ha sido frecuente y, aunque sin proponérselo, ha incentivado la expansión de las guerrillas y su legitimación. Variadas razones auto-proclamaban los subversivos para legitimar socialmente la acción bélica y conseguir el apoyo de una parte de la ciudanía. Desde la frustración político-económica de los años treinta (cuestionamiento de los títulos de propiedad agraria, libertad de cultivos, enfrentamientos entre rojos y azules) hasta la frustración laboral de la naciente industria interpretada en clave de lucha de clases y explotación marxista, leninista, maoísta o guevaristas (Villamizar, 2017; Molano, 2017; Guevara, 1963; Pizarro, 1989).

Las guerrillas liberales “limpias” y “comunes” se convertirían en el antecedente de la rebelión armada, y la amnistía de Rojas Pinilla sería la primera de las apuestas gubernamentales que integraron la rebelión. Como resultado en la década siguiente se ostentaría el escalamiento de las llamadas guerrillas de primera generación: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de influencia rusa marxista-leninista-bolivariana (1964-2016), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) (1964-actual) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) (1967-1991) los dos de influencia maoísta y cubana. Dos décadas después el escalamiento de la insurgencia de segunda generación como el Movimiento del 19 de abril (M-19) (1974-1990) -guerrilla nacionalista, socialista, urbana, estudiantil-, el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) (1981-1991) -guerrilla indigenista-, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) (1982-1991), la Corriente de Renovación Socialista (CRS) (1990-1994) y el Ejército de Revolución Guevarista (ERG) (1993-2008).

Con excepción del ELN, todas las guerrillas han accedido, en uno u otro momento, a acuerdos con el gobierno para desertar y obtener beneficios políticos y penales. El reconocimiento de estatus legal como organización política, curules, mesas de negociación, hasta la extinción de las penas o de cualquier responsabilidad por los actos cometidos. En la siguiente tabla se reseñan 13 mandatos gubernamentales que han relativizado el derecho penal y la política a favor de la rebelión. 13 mandatos en más de 60 años indican que aproximadamente cada 5 años en Colombia se negocia políticamente.

Tabla 1. Procesos de paz en Colombia en los últimos decenios
Número Norma Finalidad Presidente Guerrilla beneficiada
1 Decreto 1546 de 1953 y Decreto 1823 de 1954. Indulto a guerrillas Gustavo Rojas Pinilla Guerrillas liberales del llano
2 Ley 35 de 1982 Indulto, amnistía y libertad incondicional para guerrilleros. Belisario Betancur FARC, M-19 y EPL, Movimiento de Autodefensa Obrera (ADO)
3 Ley 77 de 1989 Indulto y libertad inmediata de los guerrilleros presos por delitos de rebelión, sedición y asonada. Virgilio Barco M-19
4 Ley 7 de 1992 Cesación de procedimiento penal por la toma del Palacio de Justicia César Gaviria M-19
5 Decreto 213 de 1991 Amnistía y creación de Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz César Gaviria Ejército Popular de Liberación, Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en Montes de María.
6 Ley 104 de 1993 Indulto y amnistía César Gaviria Corriente de Renovación Socialista (CRS).
Milicias Independientes del Valle de Aburrá y Milicias, Metropolitanas de Medellín
7 Decreto 1385 de 1994 Indulto y reintegración para guerrilleros desertores de forma individual César Gaviria Abierto a guerrilleros y paramilitares de manera individual.
8 Ley 241 de 1995 Suspensión de órdenes de captura Ernesto Samper Movimiento Independiente
Revolucionario-Comandos Armados MIR-COAR
9 Ley 418 De 1997 Disposiciones para facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con organizaciones armadas al margen de la ley Ernesto Samper Abierto a insurgencia y contrainsurgencia- guerrilleros y paramilitares de manera individual.
10 Decreto 128 de 2003 Extender Ley 418 de 1997 Álvaro Uribe Abierto a guerrilleros y paramilitares de manera individual.
11 Ley 975 de 2005 Amnistía y tratamientos penales especiales. Álvaro Uribe Grupos de Autodefensa AUC.
Abierto a guerrilleros FARC-EP, ELN, ERG desertores de manera individual.
12 Ley 1592 de 2012 Reforma a la Ley 975 de 2005 Juan Manuel Santos FARC-EP
13 Ley 1820 de 2016 Amnistía, indulto y tratamientos penales especiales en Jurisdicción propia. Juan Manuel Santos FARC-EP

La frecuencia de los procesos de paz frente a la reincidencia y los nuevos grupos guerrilleros demuestran alto entusiasmo político pero poca efectividad. Todos los procesos han aspirado ser el último, sin percatarse que se constituyen en el motor del siguiente. La insurgencia recurre al precedente para negociar más beneficios que el anterior. Este ciclo de la violencia no solo ha traído el recrudecimiento del conflicto sino que ha demostrado su perpetuidad. No es raro ver al ELN exigiendo más y mejores condiciones de negociación que las del último proceso de paz, a las disidencias de FARC reinventadas y a nuevos grupos insurgentes que reclaman aceleradamente estatus político, incluso a escala municipal, sembrando el terror, la violencia y la barbarie (incluso con banderas de guerrillas de antaño).

Detrás del populismo pacifista-inefectivo, la suspensión del derecho penal y la normalización de la política guerrillera, existe un error intelectual advertido por Hayek en su libro Derecho, Legislación y Libertad. Pretender cambiar la historia con nuevas leyes, empezar la sociedad de cero y sucumbir a un nuevo contrato social con cada momento de tensión, vulnera la esencia del estado de derecho: garantizar la libertad. Para Hayek las reglas abstractas, como las del derecho penal (no matar, no robar, no aterrorizar…), producto de la evolución de la moral y de la costumbre, no se pueden reemplazar o suspender momentáneamente por privilegios concretos para apaciguar motivaciones políticas emergentes.

Por tanto, la turbulenta historia de Colombia debe servir para fortalecer el proyecto de país interpretando los fenómenos del acontecer político a la luz de los fundamentos del Estado de derecho. Diferenciar medios y fines es el primer requisito para no ceder ante la efervescencia. La legitimidad de los medios la otorga la observancia de las reglas de juego preestablecidas, no el uso de coerción violenta (extorsión, incendios o la instrumentalización de poblaciones enteras). Quienes aspiran a representar los intereses grupales en la arena política deben seguir en derecho, el arte de persuadir con propuestas y no el milenario oficio de manipular con la violencia.

Una vez en la arena política los gestores políticos deben distinguir entre la finalidad del derecho y la finalidad de la legislación. El Estado basado en el derecho se sustenta en las reglas abstractas aplicables a todos los ciudadanos que faciliten hacer justicia y reducir la incertidumbre. Este derecho no debe estar al alcance del juego político. Al suspender las reglas abstractas, bajo la justificación de un fin deseable para insurgentes, se pone en juego no solo la esencia del Estado sino el proyecto de sociedad ¿Está consciente el ciudadano de que cada vez que se negocia con la insurgencia ésta se perpetua? ¿Está preparada Colombia para consolidar su democracia sin incentivar la barbarie?

Referencias

Guevara, Ernesto. (2007), Guerra de guerrillas, septiembre de 1963.
Hayek, Friedrich A. (2006), Derecho, legislación y libertad. Unión editorial. Madrid.
Molano, Alfredo. (2017), Trochas y Fusiles. Penguin Random House Group. Bogotá.
Pizarro, Eduardo. (1989), Los orígenes del movimiento armado comunista en Colombia (1949-1966), Revista Análisis Político, 7, pp. 1989, 7-31.
Robinson, James (2012), La importancia de las instituciones para el desarrollo de las naciones y los sectores económicos. Revista Palmas, Vol. 33 N° 3.
Villamizar, Darío. (2017), Las guerrillas en Colombia. Una historia desde los orígenes hasta los confines. Debate. Bogotá.

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